Eduardo Vega Luna, Defensor del
Pueblo; rechazó enérgicamente la propuesta que busca
reducir -de 18 a
16 años- la edad de imputabilidad penal
para los adolescentes que infringen la ley.
Sostuvo que frente a
algunos casos que muestran a menores de edad involucrados en hechos delictivos la
respuesta no es equiparar la sanción con aquella establecida para personas
adultas. “Los adolescentes infractores deben recibir un tratamiento
especializado que garantice su reinserción en la sociedad. El Estado no puede
abandonar esa responsabilidad”, anotó el funcionario.
Asimismo, señaló que
dicha propuesta contradice lo dispuesto en la Convención sobre los
Derechos del Niño de Naciones Unidas, que dispone que los menores de 18 años de
edad no deben ser tratados como adultos para efectos penales.
Ante esta situación,
el Defensor del Pueblo consideró necesario que antes de pensar en agravar las
penas se debe enfatizar en fortalecer la justicia juvenil restaurativa, construir
más centros juveniles y asignar recursos para el tratamiento de adolescentes
privados de libertad.
Vega señaló que, frente
a estos temas se requieren políticas públicas integrales y no medidas aisladas que no permiten atender
adecuadamente esta problemática. Enfatizó en la necesidad de priorizar la
actuación preventiva a nivel de la familia y la sociedad.
