A casi cinco años de implementación de la ley de aseguramiento universal en salud (AUS) no se han cumplido los objetivos esperados. Si el aseguramiento es fundamentalmente protección financiera frente a las necesidades de salud y el país ahora cuenta con un 73% de personas con algún tipo de seguro (45% hace 5 años), el gasto directo de las familias en salud debió haber caído. Resulta que fue a la inversa: el 2009 las familias ponían de sus bolsillos 8588 millones de soles (1.9% del PBI), mientras que en el 2013 las familias ponen 11320 millones de soles (2.1% del PBI) *.
La gente destina al mercado de la salud (clínicas, servicios privados o mixtos, y farmacias; sin considerar pago a seguros privados) este año 2732 millones de soles más de lo que se destinaba en 2009. Es claro que el AUS como protección financiera ha fracasado, y el mercado de la salud se ha fortalecido. ¿Por qué es criticable que el mercado cada vez ocupe más espacio en nuestro gasto en salud? La evidencia recopilada por la OMS alrededor del mundo demuestra una regla fundamental: a mayor presencia del mercado de la salud con dinero que las familias destinan de su bolsillo, mayores son los grados de desigualdad en salud.
La explicación es obvia. Los sistemas públicos de salud carecen de un rasgo fundamental que identifica a los servicios o seguros privados: el ánimo de lucro. Una empresa privada de salud tiene como primera obligación responder a sus accionistas sobre la rentabilidad de su inversión, es decir sobre sus ganancias; mientras que los sistemas públicos deben responder al interés social. Ello no significa que nuestros sistemas públicos sean una maravilla; al contrario, lo que corresponde es la tarea urgente de hacerlos eficientes y brindar calidad, para que la sociedad en conjunto ahorre. El discurso de la intrínseca ineficiencia pública es ideológico.
La comparación internacional es oportuna para desmitificar la creencia de que los servicios o seguros privados contribuyen al desarrollo social. Los mejores y más eficientes sistemas de salud del mundo son de carácter público, y por ello el Estado cuenta con una mayor presencia en el financiamiento. Hoy en el Perú el aporte estatal llega sólo a 35% de todo el gasto en salud que se hace cada año; mientras por ejemplo en Brasil es 47%, Costa Rica 68%, Chile 52%.
Veamos la realidad del mundo industrializado con información de OMS al 2006 sobre financiamiento estatal del gasto total en salud: Alemania 76%, Bélgica 72%, Dinamarca 85%, España 71%, Francia 79%, Irlanda 78%, Islandia 82%, Japón 81%, Nueva Zelanda 77%, Suecia 81%, Inglaterra 87%, Noruega 83%, Holanda 80%. Como vemos, el aporte público tiene directa relación con la calidad de los sistemas de salud y el desarrollo social, en países capitalistas y de libre mercado. Lo que sucede, es que estas naciones han entendido que la salud es una responsabilidad pública y no debe dejarse a expensas del mercado.
Uno de los trucos en relación al aseguramiento universal es el siguiente: igualar que todos tengan un seguro de salud a la “universalización del derecho”. Es clave señalar que contar con un seguro de ningún modo equivale a contar con la garantía de acceso y las atenciones necesarias; tener un seguro de salud es un asunto de registro. Lamentablemente el objetivo central de la “reforma” de salud propuesta por el MINSA/MEF es la llamada cobertura poblacional, que no es más que afiliar a todos, sin la contraparte financiera y prestacional garantizada.
Hasta hace poco la mayoría de entendidos peruanos festejaba a Colombia como ejemplo ya que había logrado afiliar con algún tipo de seguro al 95% de su población. La realidad se impuso a la estadística y el sistema de salud basado en seguros de Colombia simplemente colapsó, justamente porque tener un seguro no garantiza ni el financiamiento, ni la integralidad, menos la solidaridad. Hoy que estamos discutiendo la salud es oportuno comenzar a desmitificar las creencias que aún se mantienen en la conducción de la salud del país.
Por Alexandro Saco
.jpg)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
.JPG)
.jpg)